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Repercusiones de Pillku #1

La distribución de ganancias entre los trabajadores

Por Eduardo H. Fontenla

La propuesta de distribuir las ganancias entre los trabajadores de un empresa es un tema controvertido porque toca una de las tendencias más fuertes de las personas: el anhelo por acumular riquezas o bienes y el consecuente egoísmo que se suscita para defenderlos una vez adquiridos; sin embargo, consiste en posibilitar una justa distribución de la riqueza tomando como eje la valoración del trabajo.

La matriz ideológica, económica y cultural del proyecto de ley que impulsa el diputado nacional Héctor Recalde del Frente para la Victoria (FpV) y que cuenta con el apoyo de la Confederación General del Trabajo (CGT), para que los trabajadores participen de las ganancias que generan con su labor cotidiana, tiene una vinculación con la cosmovisión de la economía social, especialmente con el cooperativismo de trabajo y con el pensamiento de históricas prácticas cogestionarias y autogestionarias.

Con la salvedad que las cooperativas y empresas de la economía solidaria, aportan su propio capital, no tienen ánimo de lucro y no están alcanzadas por la medida, siendo la cooperativa de trabajo el método autogestionario más representativo y mejor construido.

Medidas como las propuestas se basan en diversas fuerzas o anclajes históricos-doctrinarios, como por ejemplo, el pensamiento a-histórico o trans-histórico de la doctrina social de la iglesia, es decir, que atraviesa toda la historia y mantiene una constante preocupación por la relación capital-trabajo, denominada también la “cuestión o condición obrera”.

Este es un tema controvertido porque se toca aquí una de las tendencias más fuertes de las personas: el anhelo por acumular riquezas o bienes y el consecuente egoísmo que se suscita para defenderlos una vez adquiridos. No se trata de fomentar un desprendimiento obligatorio de los que más tienen para que se los den a los que menos tienen, sino de posibilitar una justa distribución de la riqueza tomando como eje la valoración del trabajo.

Mencionamos algunos pensamientos que desde la encíclica Rerum Novarum, (de las cosas nuevas) del Papa León XIII, del 15 de mayo de 1891, se ocupan tanto de la dignidad del trabajador como de las condiciones adecuada para un trabajo digno.

Para entender los objetivos de la propuesta y como puntos de referencias de estas ideas podemos tomar otras encíclicas sociales, entre ellas, Mater et Magistra, del Papa Juan XXIII (15/05/1961), sobre el desarrollo de la cuestión social, que expresa: “(...) La indicada exigencia de justicia puede ser cumplida de diversas maneras sugeridas por la experiencia. Una de ellas, y de las más deseables, consiste en hacer que los obreros, en las formas y los grados más oportunos, puedan participar en la propiedad de las mismas empresas (...)” (Gándara Feijoo, 1985).

Desde esta cosmovisión es clara la orientación del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que es el resumen del Magisterio Social de la Iglesia, y donde se expresa y afirma, en el artículo número 276, que: “El trabajo, por su carácter subjetivo y personal, es superior a cualquier otro factor de la producción. Este principio vale en particular con respecto al capital”.

Asimismo, el artículo 281 de este compendio, dice que la relación entre trabajo y capital se realiza también mediante la participación de los trabajadores en la propiedad, en su gestión y en su fruto. (Custer, 2005).

A su vez participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas es en un derecho consagrado en la constitución nacional e incorporado en la Asamblea Constituyente del año 1957, como artículo 14 bis o 14 nuevo y ratificado en 1994 “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán el trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital y móvil; igual retribución por igual tarea; participación en las ganancias de la empresas con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleo público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial (…)”.

Como un antecedente constitucional de estos derechos del trabajo y sociales cabe recordar el artículo 37.1. derecho de trabajar, 37.2. derecho a una retribución justa y 37.9. derecho a mejoramiento económico, de la Constitución sancionada el 11 de marzo de 1949, que derogó la revolución libertadora el 27 de abril de 1956, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, por intermedio del decreto 3833, y puso en vigencia la constitución de 1853 con la reformas del 60, 66 y 98, con exclusión total de la reforma de 1949. El artículo 14 bis de la reforma del año 1957 mencionado, resume los derechos del trabajo y sociales de la constitución de 1949.

Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a los 33 países más ricos del mundo, señala que en 79 países rige algún tipo de legislación acerca del reparto de utilidades con los trabajadores, aunque con diferencias de regímenes en la aplicación y distribución: voluntarios con estímulos fiscales; pagaderos en efectivo o en acciones de la empresa. Entre ellos, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Alemania, Canadá, Brasil, Chile, México y Perú.

Francia: Una experiencia reciente

El presidente francés Nicolás Sarkozy, anunció que por ley las empresas privadas de más de 50 empleados pagarán a sus trabajadores una prima anual obligatoria si aumentan sus dividendos. Una medida de participación en las ganancias que beneficiará a ocho millones de trabajadores de 30.000 empresas privadas francesas, que entrará en vigor durante este mismo año.

“En las grandes empresas si hay un fuerte aumento de los dividendos, los asalariados tendrán que recibir una parte y habrá que negociar”, afirmo el presidente francés en una visita a la fundición de Vrigne aux Bois. 1

Antecedentes en la Argentina

En nuestro país se registran antecedentes, como el de la cogestión y participación de SEGBA 1973/75, promovido por el Sindicato de Luz y Fuerza, y más recientemente, el Programa de Propiedad Participada 1990/93, según el cual, las empresas del Estado que fueron privatizadas les imponían a los adquirentes o concesionarios de servicios públicos que emitieran acciones o bonos de participación por un total del 10%, que se debían distribuir entre los trabajadores que revistaban en la nómina de dependientes en la empresa pública al momento de su privatización. En alguna medida, esta alternativa era una condición de la licitación pública, que el adquirente lo debía contemplar dentro del precio y de sus inversiones de riesgo.

Otro ejemplo es el Banco Social de Córdoba, entidad autárquica del Estado Provincial. La ley N° 5969 (B.O., 01/11/76) carta orgánica de esa entidad bancaria, al referirse en el art. 10 a las utilidades decía: “El Banco Social de Córdoba constituirá con las utilidades líquidas y realizadas de cada ejercicio, las reservas de ley y las que sean necesarias para su normal funcionamiento. De dichas utilidades, deducidas las reservas precedentes, se destinará hasta el 9% para distribuir entre los empleados de planta permanente amparados por estabilidad bancaria en la forma que determine el Banco (previa deducción de hasta la quinta parte con destino a la constitución de un fondo de reserva para el seguro de fidelidad”.

De este modo se estableció un sistema de participación en las utilidades, que rigió hasta que por decreto N° 321 del 17 de marzo de 1995 se dispuso la fusión por absorción del Banco Social de Córdoba por parte del Banco de la Provincia de Córdoba.

Más actual podemos citar el convenio entre la empresa Firestone y el Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático (SUTNA), que se firmó en el año 2002 y que contiene una cláusula de distribución de ganancias y la metodología de SIDERAR S.A.I.C. que negocia la participación en las utilidades todos los años con independencia de su negociación salarial.2

La propuesta

Los sistemas de autogestión y de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas con fines de lucro, no son mecanismos anti-empresas que desalientan o retraen las inversiones, ni le resta competitividad a la economía y tampoco afecta la creación de empleos. Por el contrario, son fórmulas en favor del trabajo digno, responsable y equidad distributiva, que alientan la identidad de los trabajadores con la empresa y el sentido de pertenencia.
El estudio mencionado anteriormente de la OCDE, precisa que la mayor parte de las empresas que otorgan este beneficio recuperan el dinero repartido mediante fuertes aumentos de la productividad, como resultado del incentivo que reciben los trabajadores. A su vez, a toda sociedad le va mejor cuando la distribución de la riqueza es mejor.

Los principales ejes o características del proyecto “Régimen de participación laboral en las ganancias de las empresas” presentado a la Cámara de Diputados y que cuenta con el reciente apoyo de la 68° reunión plenaria del Consejo Federal del Trabajo que se reunió en Villa la Angostura, Provincia del Neuquén, los días 22 y 23 de octubre de 2010, son: a) es un beneficio aleatorio ya que depende directamente de los utilidades obtenidas por las empresas; b)se repartirá entre los trabajadores el 10% de las ganancias netas anuales de las empresas con fines de lucro; c) la propuesta estipula que un 95% del mismo lo cobrarán los trabajadores que revistan en la empresa. El 50% se repartirá por persona, y el otro 50% en proporción al monto de su remuneración a prorrata; d) el 5% restante engrosará un Fondo Solidario, que se destinará a los trabajadores “en negro” y a aquellos que reciben la Asignación Universal por Hijo (AHH); e) crea el Consejo Nacional de Participación Laboral en las Ganancias, con funcionamiento en al ámbito del Ministerio de Trabajo, e integrado por representantes del Estado, de la CGT y de la Cámaras Empresarias, con la designación de 4 miembros cada uno. Será el encargado de fijar el mínimo de ganancias a partir del cual las empresas deben participar a los empleados, resolver controversias, fijar multas intereses y recargos; f) estarán afectadas a la participación laboral el rédito neto, obtenido en cada ejercicio anual, para lo cual se restarán del rédito bruto los gastos necesarios para obtenerlo, mantenerlo y conservarlo cuya deducción admita la legislación impositiva aplicable; serán deducibles las reinversiones de utilidades hasta un máximo del 50%; g) los empleados y trabajadores de la empresa cobrarán su participación en las ganancias, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración anual de impuesto a las ganancias; h) para el calculo se tomará en consideración la antigüedad en el empleo y la categoría profesional; i) el monto que perciban no pagará contribuciones ni aportes, por ejemplo, si se dan $ 100 no remunerativos, el trabajador recibe 100 y la empresa paga $100; de otra manera si se dan $ 100 el trabajador recibe $70 y la empresa paga $150, por el monto de la contribuciones y aportes patronales; j) los directores y gerentes cuya remuneración exceda en cinco veces el salario anual promedio no participarán en las ganancias; k) el reparto alcanzará a empresas de más de 300 trabajadores el primer año, de 200 el segundo y será de aplicación para todas a posteriori; l) quedan excluidas las empresas nuevas durante sus primeros 4 años de operaciones, y las empresas cuya actividad principal sea la fabricación de un nuevo bien o servicio y ll) la ley comenzará a regir a partir del período fiscal de 2012.

No es tan fácil repartir ganancias

En estos días se están realizando las reuniones en la Comisión de Legislación Laboral, con apoyos, críticas y “justificadas” ausencias. Pero hay que distinguir y no ser ingenuos, hay sectores conservadores a los que preocupa el reparto de ganancias que se impulsa y muchos empresarios con telarañas rentísticas.

Ya han adelantado su rechazo la proyecto el Grupo de los Seis (G-6) , que lo integran los industriales de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara de la Construcción y la Bolsa de Comercio.

En distintos pronunciamientos han señalado que el proyecto de cogestión es inviable porque choca y lesiona el derecho de propiedad. Aduciendo que el mecanismo propuesto es ineficaz y contraproducente, ya que generará efectos contrarios a los buscados. “… la iniciativa lejos de mejorar la distribución del ingreso, alienta la informalidad laboral, promueve la desigualdad entre los trabajadores y fomenta un aumento del poder sindical”. No obstante, advierten “…estar totalmente de acuerdo en buscar mecanismos que mejoren la distribución del ingreso en la Argentina…” y a su vez señalan que “… fue presentado de manera intempestiva, sin respetar los compromisos de consulta previa entre los sectores, establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y firmado por Argentina como país miembro”.

Con relación a esta última parte y como lugar de encuentro abarcativo entre el Estado, los gremios y los empresarios, consideramos como adecuado el espacio del Consejo para el Diálogo Económico-Social, para discutir una nueva política tributaria-previsional, el producto bruto interno (PBI) y el posible “fifty fifty” (mitad y mitad), los precios que hacen al mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los salarios, el crecimiento del empleo formal y la participación en las ganancias.

Como opinión de apoyo a la iniciativa podemos mencionar la del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, que en un documento presentado el 1er. de junio de 2011, dice: “Más allá de cualquier evaluación coyuntural, nuestro sistema político-institucional ha establecido, tanto en la Constitución Nacional como en la ley de Contrato de Trabajo, la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresa, razón por la cual parece razonable darle estatus legal a un esquema de esta naturaleza”. La propuesta del CPCEBA consiste en “permitir a las partes involucradas definir las condiciones en que se hará efectiva la participación, como es el caso brasileño, y de esa manera quitarle rigidez al sistema”3

Es importante recordar que en nuestro país cuando las empresas tuvieron pérdidas o estaban en la mala hicieron socio al trabajador, por lo tanto, en las ganancias o en la buena también deben hacer socio-participe al trabajador.

El debate político y técnico

El debate tiene múltiples aristas y la propuesta es perfectible por cierto, porque el sistema es bastante complejo de instrumentar. Por lo cual sugerimos tomar en cuenta los estudios de la OIT y específicamente el informe técnico sobre “Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresas en América Latina”, de dicha organización internacional del trabajo.

El proyecto del diputado Héctor Recalde, como los proyectos presentados por los bloques Solidaridad e Igualdad (SI) y Proyecto Sur (PS) en similar sintonía, merecen y requieren un análisis y un debate profundo en la comisión y en ambas cámaras del Congreso Nacional, estimulando consensos y acuerdos dentro del respeto a las diferencias.

La iniciativa generará tensiones, puja de intereses económicos y nuevas relaciones de poder en el uso de la información contable de la empresa. A esta puja hay que darle racionalidad y encauzarla en el marco de la constitución y de las leyes.

Porque repartir significa sacar-restar de un lado y poner-sumar en otro.
Esperamos que sea un puente para una mejor, justa, equitativa y responsable distribución de la riqueza, ya que la Argentina necesita revisar y transformar los criterios de distribución y atacar el corazón de las desigualdades. Por ello, resulta trascendente el debate que se inició.

La nueva etapa política

Esperábamos el debate en las sesiones ordinarias del Congreso en el pasado año 2010, pero un comunicado del diputado nacional Héctor Recalde, señaló que la discusión el proyecto se prorroga hasta presente año: “El impacto emocional provocado por la muerte del ex presidente nos obliga a profundizar el debate y el consenso en dirección hacia el objetivo trazado por el entrañable compañero Néstor Kirchner y nuestra querida presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

También, otra lectura de la postergación es una tregua de corto alcance entre los empresarios de la UIA y el Secretario General de la CGT.

Ahora se espera un dictamen que tenga en cuenta las diversas reuniones realizadas en la comisión de legislación laboral.

Por su parte en el G-6, sus ejecutivos resolvieron comenzar a discutir de manera directa y con la CGT el proyecto de distribución de las ganancias.

En distintos encuentros llevados a cabo en forma separada con la UIA y con la CGT, la Presidenta de la Nación instó a encontrar “instrumentos” para llevar adelante las discusiones sobre participación obrera en las ganancias, sugiriendo “pónganle inteligencia al diálogo” y mencionó como posible el reparto vía primas o bonos por productividad.

Seguiremos pensado y reflexionado sobre el tema, con el deseo que la iniciativa tenga sanción definitiva de ley en el presente año 2011.


(*) Licenciado en Cooperativismo y Mutualismo (UMSA) y Lic. en Ciencias Políticas y Gobierno (UNLa)

Referencias bibliográficas
Custer, Carlos; Cómo recrear la mística del trabajo. En valores, pensamiento crítico y tejido social: el trabajo como valor que dignifica. Publicación de la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA de Argentina, noviembre de 2005, p. 47.
Fontenla, Eduardo Héctor; Cooperativas de trabajo y empresas recuperadas. Intercoop Editora Cooperativa Ltda. Santa Fe, junio 2008.
Gándara Feijoo, Alfonso; La Sociedad Autogestionada un Proyecto Liberador. Editorial Humanitas, 1984, p. 31.
Seco, Ricardo Francisco (ed); Cuadernos del Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, “P.Hurtado, S.J.-2”: 50 Aniversario del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y de derecho de trabajo. Educc – Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, 2008.

Última modificación: 13 de octubre de 2011 a las 02:42
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